Inmediatamente nuestros abogados solicitaron la absolución sobre la base de que no se había probado la causa de la demanda. El Gobierno había admitido que el libro se había escrito antes que los Estados Unidos entrasen en guerra, y con anterioridad a la aprobación de la Ley de Reclutamiento Selectivo y la Ley de Espionaje, de modo que no se podía imputar a los autores ninguna intención de oponerse a estas leyes. Entonces se trató de demostrar que el que se continuara la distribución del séptimo tomo después que el Congreso hubiera publicado dichas normativas sí constituían delito consumado e intencionado de conspiración.

El juez Howe desestimó todas las peticiones de absolución excepto la mía, que quedó aplazada hasta el día siguiente. Algunos amigos que asistieron al juicio me dijeron después que uno de los fiscales del Gobierno salió al vestíbulo y estuvo cuchicheando con uno de los que habían encabezado la oposición dentro de la Sociedad. Dijeron: “No dejen libre a ese individuo, es el peor de todos. Él mantendrá todo en marcha si no lo encierran con los demás.”

Esa noche nos reunimos en el despacho de nuestro abogado para analizar las pruebas que se habían presentado y decidir qué argumentos emplearíamos cuando se continuara el proceso. Finalmente, uno de nuestros abogados se dirigió a mí, diciendo:
– ¿Sabe que mañana por la mañana podemos conseguir que le suelten? ¿Prefiere ir a la cárcel si aceptan los cargos contra usted?

Le respondí:
– Señor Fuller, si estos hombres, mis amigos, van a la prisión de Atlanta o a cualquier otro lugar por predicar el evangelio, yo quiero acompañarlos.
– ¿Está seguro? Eso podría traerle problemas serios.
– Estoy completamente seguro.
Sonrió y dijo:
– Si aceptan los cargos y usted permanece allí, favorecerá nuestro caso de apelación.

A la mañana siguiente el Gobierno se reafirmó en sus alegaciones y presentó un escrito que, según su testimonio, se había tomado de las oficinas de la Sociedad. Leyeron algunos párrafos al jurado y dijeron que eran las actas de una reunión de la junta directiva en la que se debatió la publicación de El misterio terminado. La acusación señaló que estaba firmado por todos los directores de la Sociedad, incluido yo. Dijeron que, puesto que el séptimo tomo era la causa por la que se nos juzgaba, al aprobar su publicación yo me había hecho cómplice de la conspiración.

Esto es lo que ese documento demostraba en cuanto a mí participación en la publicación del libro. En realidad se trataba de una memoria firmada, redactada por Rutherford para informar a la junta de sus actividades desde su nombramiento como presidente unos siete meses antes. Decía, entre otras cosas: “Ha parecido bien al Señor que se completara el séptimo tomo, y dos leales hermanos, Woodworth y Fisher, han llevado a cabo esta tarea, mientras que otros fieles han colaborado en los aspectos mecánicos. He leído una parte considerable del manuscrito y de las pruebas de impresión mientras viajaba en tren.

Cuando llegó el momento de publicar esta obra nos encontrábamos en medio de intensa oposición [por parte de nuestros cuatro asociados que creían ser directores] y, consciente de que consultar a los opositores obstaculizaría la publicación del volumen, pedí consejo a los hermanos Van Amburgh, Macmillan, Martin y Hudgings, del personal de las oficinas. Después de orar respecto a este asunto, el Señor pareció abrir el camino para impedir que la oposición se interpusiera. Cierto hermano, sin que se le hubiera solicitado, puso en mis manos el dinero necesario para imprimir este libro, y en vista de que parecía contar con el favor del Señor, se emprendió la publicación.”

Entonces surgió la cuestión de mi firma en ese documento. Nadie pudo identificarla. La acusación llamó a declarar a William F. Hudgings, quien estaba a cargo de toda la impresión de la Sociedad. Subió al estrado, y puesto que insistió en que no podía reconocer mí firma, el juez Howe finalmente lo acusó de desacato al tribunal y lo envió a prisión… y eso que era el testigo de la acusación. Ese mismo día, el gran jurado lo condenó por incumplimiento. Se declaró no culpable y se le concedió libertad bajo fianza, pero no pudo hacer uso de ella ya que seguía detenido por desacato. De hecho, la orden de encarcelamiento indicaba que continuaría en vigor hasta que desapareciera el menosprecio del testigo hacia el tribunal, por el que se le sancionaba.

Permaneció encerrado hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobó un decreto de hábeas corpus y falló a su favor, concediéndole libertad bajo fianza el 12 de diciembre de 1918. Finalmente, el 14 de abril de 1919, diez meses después de su arresto, se anunció el fallo absolutorio del Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Supremo White, al motivar la decisión de éste, [80] sostuvo que el Tribunal inferior “se había excedido de su jurisdicción al sancionar como tal, e incluso en el caso de que dicho acto fuera susceptible de ser considerado desacato, la acción del tribunal fue arbitraria, rebasada los límites de la discreción que le había sido otorgada, y quebrantaba el correcto funcionamiento de la ley bajo la Quinta Enmienda.” Esta actuación “arbitraria” del juez Howe, identificada expresamente por el presidente del Tribunal Supremo en su opinión sobre el caso Hudgings, es una perfecta muestra de la actitud que Howe manifestó durante todo el proceso.

Después que Hudgings fuese incapaz de reconocer mi firma, un ex-director de la Sociedad prestó juramento y afirmó que podía identificarla. Ni siquiera consiguió recordar ninguna ocasión en que me hubiera visito escribir, pero aún así declaró: “Es su firma.”